Uno de los males que ha aquejado a nuestro país durante décadas ha sido la política del saqueo.
Los gobiernos neoliberales delinearon instituciones, reglas de operación, métodos administrativos y discursos maquillados para institucionalizar el robo.
Si el fin de una persona que hace política es el dinero, los principios y la responsabilidad con sus representados no serán prioridad en la toma de decisiones, mucho menos el bien común y los intereses de la nación; peor aún, si el sistema político se va conformando por personas así, la constante será el robo y el engaño para mantenerse en el poder.
Más allá de ideologías, simpatías, filias, fobias o posturas partidistas, la ciudadanía mexicana debería aferrarse a que ningún político ni gobernante haga de la toma de decisiones, y la administración de nuestros impuestos, una gerencia de negocios.
Por el bien de nuestra nación, nuestro presente y futuro, jamás debemos permitir que de nuevo se instaure la estafa y el desfalco. Por eso el caso Odebrecht en México debe ser de vital atención para la ciudadanía y también es importante que la reforma eléctrica propuesta al Poder Legislativo por el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un profundo y serio debate.
No sólo de las voces que representan intereses de negocios, sino también de especialistas, voces en defensa de la soberanía, usuarios de la energía eléctrica, así como provocar una reflexión sobre el futuro, las energías limpias, la inevitable transición energética; sobre el litio, su importancia y la necesidad de desarrollar una industria alrededor del “petróleo del futuro”.
¿Qué tienen que ver la corrupción política, la energía y el caso Odebrecht? Mucho, porque la historia de las privatizaciones en México está ligada al negocio de unos cuantos y en los últimos años el sector energético ha sido utilizado para ello.
La lógica del neoliberalismo a la mexicana, entre otras cosas, se basa en chatarrizar las industrias del Estado para justificar la intervención del capital privado y hacer un negocio redondo: el financiamiento público, pero el riesgo y las pérdidas también; además, el Poder Legislativo algunas veces ha hecho leyes a modo.
En 2015, cuando detuvieron a Marcelo Odebrecht, presidente de una gran empresa que articulaba otras empresas dedicadas, entre otras cosas, a la construcción, la infraestructura, el sector inmobiliario, petroquímica y el transporte, se abrió una caja de Pandora con nombres de funcionarios y políticos de todo el continente y otras partes del mundo, mismos que habían recibido sobornos de la empresa para favorecerla con contratos de obra pública.
En los demás países, la noticia fue escandalosa, funcionarios fueron a la cárcel e incluso un expresidente se suicidó; en México, los principales medios de comunicación callaron, la PGR clasificó el caso y la impunidad predominó con el silencio cómplice de voces públicas y el poder presidencial.
En el caso mexicano se habla de 10 millones 500 mil dólares de sobornos otorgados por parte de la empresa a diversos funcionarios. Pemex, entonces dirigido por Emilio Lozoya, otorgó decenas de contratos a sobrecosto a la empresa brasileña. Fue detenido en España el año pasado (2020) y extraditado entonces a nuestro país, ahora colabora con la FGR para avanzar en la investigación y un juez ha decidido mantenerlo en el Reclusorio Norte con prisión preventiva.
El mencionado ha dado nombres de otros funcionarios implicados, entre ellos los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien, tras ser citado por la Fiscalía, ha salido del país, el exsenador panista Jorge Lavalle, en prisión preventiva, entre otros.
Según la declaración de Lozoya, Odebrecht también habría otrorgado dinero para financiar campañas electorales del PRI y para garantizar el voto de legisladores a favor de la reforma energética propuesta en el mal llamado Pacto por México, por lo que también podría estar implicado el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
¿La sociedad mexicana debe olvidar este caso y perdonar a quienes han utilizado el poder para hacer negocios? ¿No es indignante que usando la mentira y el discurso del miedo intenten volver al poder cuando deberían pedir disculpas, presentarse ante la justicia y no volver nunca más a la vida pública?